La Comisión Europea está examinando actualmente opciones relativas a la "base jurídica" del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. Hay un truco de procedimiento sobre la mesa para evitar la resistencia de varios Estados miembros de la UE y sus parlamentos: La denominada «división». Dado que el Acuerdo UE-Mercosur está concebido como un acuerdo de asociación, actualmente solo puede adoptarse si todos los Estados miembros de la UE lo acuerdan por unanimidad, es decir: En la actualidad, cada Estado miembro tiene derecho de veto. Además, los parlamentos nacionales o regionales de la UE también tienen derecho a aprobar o rechazar el acuerdo como parte del proceso de ratificación nacional.
El dictamen jurídico confirma que, con la propuesta de adoptar un acuerdo de libre comercio compartido o provisional, la Comisión Europea llevaría a cabo una maniobra con un impacto negativo significativo en el proceso democrático. En nuestra opinión, tal maniobra pretende forzar una rápida entrada en vigor del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre los impactos ambientales y sociales negativos. Esto tendría el único efecto de silenciar el debate público y suprimir la oposición de algunos gobiernos y parlamentos nacionales y/o regionales: Los parlamentos de Austria, los Países Bajos, Valonia y la región de Bruselas, así como el gobierno francés, ya han expresado su oposición al acuerdo comercial UE-Mercosur. Sin embargo, los Estados miembros de la UE pueden evitar los intentos de la Comisión de la UE de violar el proceso democrático de aprobación de acuerdos comerciales.
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