Cómo los inversores financieros, bufetes de abogados y árbitros se están beneficiando del auge del arbitraje de inversión en España
En los últimos 10 años, España ha tenido más casos de arbitraje de inversión pendientes que cualquier otro país. Ha recibido un total de 51 demandas, de las cuales 27 ya han sido decididas, 21 a favor del inversor. Esto significa que los inversores han ganado en ocho de cada diez casos. Según el gobierno español, las reclamaciones totales de los inversores extranjeros ascienden a casi 8.000 millones de euros. Hasta ahora, España ha sido condenada a pagar más de 1 200 millones de euros en compensación por los casos perdidos, lo que equivale al gasto total del país para luchar contra la crisis climática, o cinco veces más de lo que gastará en 2021 para luchar contra la pobreza energética. Cuanto más tiempo continúen los procedimientos, más dinero de la tesorería estará en juego, no solo para pagar a los inversores las cantidades resultantes de los laudos arbitrales, sino también los honorarios de abogados y expertos, los costos administrativos de la junta de arbitraje y los honorarios de los árbitros.
Todas las demandas se presentaron en virtud del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional de comercio e inversión con más de 53 estados miembros en Europa y Asia. Un gran número de partes interesadas considera que el TCE ha quedado obsoleto (incluidas la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE).
El TCE proporciona una fuerte protección para las inversiones extranjeras en el sector de la energía, incluido el petróleo, el gas y el carbón, frente a las intervenciones gubernamentales que reducen las ganancias del inversor. España es digna de mención porque todas las demandas en cuestión fueron presentadas por inversores extranjeros en el sector de las energías renovables. Los generosos incentivos otorgados por el gobierno español en 2007 atrajeron a muchos inversores nacionales y extranjeros. En los años siguientes, los incentivos se revisaron a la baja. Estos cambios de política fueron cuestionados por los inversores extranjeros en virtud del Tratado CE. Sin embargo, un examen detallado de las demandas contra España muestra que el TCE beneficia solo a inversores transnacionales y bufetes de abogados especializados a expensas del sueño solar español.
