Tratado sobre la Carta de la Energía en España: Del sueño solar a la pesadilla legal

En los últimos 10 años, ha habido más arbitrajes de inversión pendientes en España que en cualquier otro país. Ha recibido un total de 51 demandas, de las cuales ya se han resuelto 27, 21 de ellas a favor del inversor. Esto significa que los inversores han ganado en ocho de cada diez casos. Según el Gobierno español, los créditos totales de los inversores extranjeros ascienden a casi 8.000 millones de euros. Hasta ahora, se ha ordenado a España que pague más de 1.200 millones de euros en compensación por casos perdidos, equivalente al gasto total del país para combatir la crisis climática, o cinco veces lo que gastará en 2021 para combatir la pobreza energética. Cuanto más largo sea el procedimiento, más dinero de la tesorería está en juego, no solo para pagar a los inversores las sumas resultantes de los laudos arbitrales, sino también los honorarios del abogado y del perito, los costos administrativos de la junta de arbitraje y los honorarios de los árbitros.

Todas las demandas fueron presentadas bajo el Tratado de la Carta de la Energía (ECT), un acuerdo internacional de comercio e inversión con más de 53 estados miembros en Europa y Asia. Una amplia gama de partes interesadas considera que el TCE está obsoleto (incluida la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE).

El TCE proporciona una fuerte protección contra la intervención gubernamental que reduce las ganancias de los inversores de las inversiones extranjeras en el sector de la energía, incluidos el petróleo, el gas y el carbón. España es notable porque todas las demandas en cuestión han sido presentadas por inversores extranjeros en el sector de las energías renovables. Los generosos incentivos otorgados por el gobierno español en 2007 atrajeron a muchos inversores nacionales y extranjeros. En los años siguientes, los incentivos se revisaron a la baja. Estos cambios de política fueron cuestionados por los inversores extranjeros en virtud del Tratado CE. Sin embargo, un examen detallado de las demandas contra España muestra que ECT beneficia solo a inversores transnacionales y bufetes de abogados especializados a expensas del sueño solar español.