El sistema de Solución de Controversias del Estado Inversionista (ISDS) permite a las corporaciones e inversionistas demandar a los estados por miles de millones de dólares en compensación, por ejemplo, cuando los gobiernos endurecen las regulaciones ambientales o detienen proyectos mineros controvertidos. Un nuevo ranking de PowerShift muestra ahora cómo pocos países europeos, especialmente Alemania, están haciendo contra estas demandas ISDS. Las demandas no solo socavan importantes políticas ambientales y climáticas, sino que también perjudican directamente a las personas que desean proteger sus medios de vida. Esto es reportado por activistas locales de América Latina.
¿Hay un lento aumento de la resistencia a los derechos especiales? ¿Y qué deben hacer los países para hacer frente a los inversores? Nora Noll habla sobre esto con Bettina Müller y Fabian Flues, oradoras de política comercial en PowerShift.
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